Después de la aprobación de la Ley de Medios, el último viernes, la Presidenta expresó a sus funcionarios el deseo de que el Gobierno empiece a trabajar en el reglamento de desinversión que fijará el mecanismo para que las empresas audiovisuales, que no se adapten a la nueva normativa, se desprendan de sus activos. El dato no es menor ya que en medio de la embestida judicial del sector privado contra la nueva norma, el Poder Ejecutivo podría transformarse también en parte querellante para poder readjudicar las licencias que se den de baja.
El vacío legal que genera el artículo 161, que en su letra fija un plazo de un año pero en la práctica, hasta que se constituya la autoridad de aplicación, podría estirarse a dos o más años, dejará a los medios que no se acomoden a la nueva ley con la potestad de seguir utilizando las licencias. Esa laguna regulatoria podría llevar al Estado a reclamar ante la Justicia la desinversión de esas empresas hasta que se hayan redactado las reglamentaciones y se haya constituido la autoridad de la nueva ley.
Para colmo ya estalló en el Congreso una interna para decidir quienes serán designados al frente de la autoridad de aplicación, ya que de sus siete miembros tres corresponden al Poder Legislativo por la primera, la segunda y la tercera minoría. Esas designaciones estarán a cargo de una Comisión Bicameral que aún no está constituida y que es codiciada no sólo por los actuales legisladores sino también por aquellos que asumirán después del 10 de diciembre.
Por eso, ayer, el oficialismo adelantó que buscará agilizar los pasos para componer la autoridad de aplicación y poder aplicar así la ley de radiodifusión, aunque la oposición ya aclaró que “llevará su tiempo” derogar la norma de la dictadura.