Trabajadores sin debido proceso ni beneficio de la duda
Hace quince años se hizo pública una denuncia de tremendo impacto institucional: un presidente argentino fue involucrado en una operación para coimear senadores, con el objeto de que se apruebe una ley que derogó históricas conquistas de los trabajadores de nuestro país.
En la jornada de ayer, el mismo día que se decidió el cierre de la causa por las coimas en el Senado, con absoluciones para todos los imputados, la actual presidenta de esa Cámara Alta Gabriela Michetti decidió dejar sin trabajo a más de dos mil trabajadores.
Los acusados de pagar y recibir coimas para aprobar una legislación agraviante a los intereses de los trabajadores gozaron de las garantías de un debido proceso que les permitió emplear todos los recursos existentes para defenderse y dilatar la causa judicial. Finalmente fueron absueltos porque los responsables judiciales de llevar adelante la investigación llegaron a la conclusión de que no había pruebas suficientes. Se les concedió el beneficio de la duda, y con ello la absolución por no existir tiempo para interponer un recurso que supere el plazo de prescripción.
Los trabajadores dados de baja por Gabriela Michetti no tuvieron chance alguna de defenderse, ni siquiera se les dio la oportunidad de un proceso para informar sobre sus funciones. Tampoco gozaron del beneficio de la duda, ya que desde un principio se promovió una campaña de descrédito y difamación que buscó la condena pública. La acusación, promovida como las cazas de brujas a las que son tan afectos los regímenes autoritarios, era también una condena: “son ñoquis”.
El Papa Francisco muy bien ha advertido sobre el poder de las palabras cuando son empleadas con injusticia, ya que pueden asesinar mediante chismes y habladurías: “Quien insulta a su hermano mata a su hermano en su corazón. Quien habla mal a su hermano mata en su corazón”.
Con mucho acierto Norberto Di Próspero reclamó a las autoridades del Senado que denuncien como corresponde a quiénes no cumplen con sus responsabilidades. Lo que se reclama es la republicana posibilidad de ejercer el derecho de defensa, porque si se permite que cualquier persona al asumir un alto cargo dictamine según su discrecional prejuicio lo que se derrumba es la República de la que tanto se suele alardear.
Si el motivo por el que se desconoce el derecho adquirido de un trabajador a mantener su empleo es un prejuicio ventilado públicamente, el afectado no sólo tiene derecho a recuperar su lugar laboral sino también a ser indemnizado por el agravio que gratuitamente se le imputó.
La Asociación del Personal Legislativo solicita a las autoridades del Senado que dejen sin efecto la desafortunada decisión adoptada y se conforme una Comisión, con la plena participación de los gremios, que se encargue de analizar las supuestas situaciones de anomalía y solo posteriormente, de acuerdo a las conclusiones a que llegue la misma, se adopten las medidas que pudieran corresponder. No es posible predicar sobre una Argentina más justa y republicana si el amparo legal es válido para algunos, en tanto que los trabajadores son sujetos de sospecha, personas a las que se niega el debido proceso y que ni siquiera merecen el beneficio de la duda.
C.A.B.A. 05/01/2016